De Juana Chaos en Prisión

Al filo de las 13.00 del día 1 de Marzo de 2007, compareció en rueda de prensa el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba para dar cuenta de su decisión, que calificó como escrupulosamente legal y personal de otorgar a Ignacio De Juana Chaos el segundo grado penitenciario, lo que se traduce en un traslado inmediato a un hospital del País Vasco para ser tratado allí y en su caso, cuando las condiciones de salud lo permitan, si es que llegan a permitirlo, cumplir el resto de su condena en su domicilio, con vigilancia permanente.

Rubalcaba justifica su decisión en el peligro que corre la vida de De Juana y en su deteriorado estado de salud, por lo que se ha decidido intentar mejorar dicho estado mediante la atenuación de la condena y evitar su muerte en la medida de lo posible.

En el momento de escribir esta noticia, De Juana viajaba ya en una ambulancia hacia Guipúzcoa. El Gobierno Vasco ha recibido la noticia con prudencia y ha solicitado a De Juana que pusiera fin a la huelga de hambre.

La opinión pública mayoritaria era contraria a esta decisión. Un sector, llevado por el desconocimiento y la desinformación, no entiende que alguien que ha matado a 25 personas esté en libertad. Otro sector, llevado por la manipulación de ciertos grupos, insisten en que De Juana debe cumplir en prisión el resto de su condena aunque se muera. Otro gran sector, aun informado y entendiendo la legalidad de este asunto, no puede asumir que alguien con el historial delictivo de De Juana salga tan bien librado, entienden lo ocurrido como un error de la justicia y del Estado.

Puesto que esta decisión goza del rechazo social mayoritario, no puede entenderse que sea populista ni esté destinada a captar votos.

Cabe pensar pues en que la resolución adoptada por Rubalcaba, con permiso de Rodríguez Zapatero, es un gesto humanitario destinado a evitar por un lado la muerte de un terrorista y por otro las consecuencias sociales que esta muerte tendría en el entorno abertzale y más concretamente en las calles vascas.

Se elimina así una de las reivindicaciones de la lucha callejera, se elimina así un posible mártir y se da a su vez un paso adelante en el interrumpido a medias proceso de paz.

La decisión a buen seguro ha sido difícil de adoptar mirando la proximidad de las urnas, pero no cabía otra en un Estado que debe garantizar la vida de las personas y con más razón, la de los presos que tiene a su cargo.

Las reacciones a la decisión del gobierno no se han hecho esperar y eran por otro lado previsibles, hubiera podido escribirlas yo mismo antes de que se produjeran así que me ahorraré contarlas, cualquiera puede imaginarlas.

Claudio

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